No hace tanto tiempo (o sí...), cuando los ordenadores comenzaban a duras penas a hacerse un sitio en la vida de empresas y administraciones, en los despachos de abogados, notarios,..., etc., se estilaba -y todavía sigue siendo así en muchos de ellos- forrar las paredes de repertorios de jurisprudencia, los famosos "Aranzadi", que además de dar empaque a la sala y seriedad a las entrevistas, se consultaban para obtener sentencias precedentes del caso que en ese momento se estudiaba. Desde siempre me llamó poderosamente la atención que una de las voces más presentes en esos listados de sentencias, fueran las "escuchas teléfonicas ilegales". Aún hoy, rebasado el umbral tecnológico, cuando visito la base de datos y por curiosidad aludo esos términos, aparecen unas cuatrocientas nueve entradas que, a su vez, hablan de otros tantos precedentes más antiguos.
Sin entrar en detalles, las escuchas telefónicas y demás intervenciones de comunicaciones es un método de averiguación y obtención de pruebas a disposición de policía y jueces para más rápido acceder a una información sensible en la investigación y esclarecimiento de un delito. Es un método ciertamente tentador, toda vez que aprovechando el desconocimiento del delincuente se intervienen sus comunicaciones y se le sorprende revelando datos vitales de su actividad criminal. Se trata de un medio de obtención de prueba sometido a severos requisitos legales, lo cual no quita que en muy numerosas ocasiones, este sistema se realice de forma indebida, atentando contra las garántías procesales del acusado y quebrando su derecho a defensa. Por tanto, ante el Tribunal Supremo se han llevado centenares de casos en que jueces, haciendo un uso incorrecto de la ley, ordenaban intervenir de forma ilegal las comunicaciones del delincuente que, debido a ese error, luego causaban la anulación de gran parte o de todo el procedimiento penal.
Pero que yo sepa, ninguno de esos centenares de esas intervenciones de las comunicaciones ordenados por jueces llevó a esos magistrados ante el banquillo para ser juzgados como presuntos delincuentes. Ninguno, perdón, excepto en el caso del juez Garzón. En efecto, el controvertido magistrado finalmente se sentará en el banquillo de los acusados por ordenar intervenir las comunicaciones entre abogado y cliente, en los locutorios de prisión, que, según su criterio, podían revelar la participación delictual de ambos -caso "Gurtel"-. Esa intervención fue solicitada por el Fiscal de la Audiencia Nacional y, a decir verdad, la autorización de Garzón tenía mucho sentido en cuanto que una intervención anterior reveló, desgraciadamente, la participación de los abogados en la trama de corrupción. Cierto es que las comunicaciones entre abogado y cliente son, por así decirlo, sacrosantas, pues en ellas va mucho el derecho a defensa de todo imputado en un procedimiento penal, pero más cierto aún es que la intervención de esas comunicaciones pueden ser autorizadas en circunstancias muy concretas ante la presencia de serios indicios de delitos de carácter especial. Luego , resultó que los segundos abogados no eran los delincuentes que se esperaban. Garzón es inmediatamente acusado de prevaricación, y se enfrenta a la posibilidad muy probable de apartarle de la carrera judicial.
A mi modo de ver, como a la mayoría de juristas en toda Europa, encausar a Garzón es toda una desproporcionada barbaridad, mancha seriamente la imagen de nuestro sistema judicial y toda la imagen de un país, que también cuenta en estos duros momentos históricos. Que además, se le encause por instruir una causa como las represiones franquistas de posguerra -tras recibir la inhibición de varios juzgados de instrucción locales, que le remitían la causa por entender que Garzón era el juez competente- y que se le imponga una tercera bochornosa acusación -vamos a ver que no se vaya a escapar- por cobrar unas conferencias, como si fuera el único y el primero, ha llamado al sonrojo a todo el mundo jurídico, pero a nivel mundial.
Lo cierto es que se venía venir desde hace tiempo. A Garzón le tenían ganas, difamaciones que iban desde vanidoso y ambicioso a juez "estrella", trataban regularmente de erosionar su imagen inmaculada desde el mismo momento que entró a investigar una denuncia por corrupción de políticos de altos vuelos. La política no perdona nada, lo contamina todo. Narcotraficantes colombianos, mejicanos y gallegos, traficantes de armas turcos y rusos, dictadores sanguinarios del cono sur, terroristas islámicos -entre estos últimos están también los que intentaron volar una estación de metro de la linea uno de Barcelona, que cojo cada día varias veces- y etarras, piratas somalíes, espías, ministros fuera de ley, mafia siciliana, camorra napolitana, corruptos de todas las especies y asesinos de fino pelaje, toda la delicuencia organizada de todo el mundo sabía que España era territorio hostil, que era un peligroso lugar en el que había un juez que los encontraría para meterles en la carcel de por vida. Porque Garzón no descansaba, se multiplicaba y se desvelaba para que toda una sociedad descansara tranquila. Su eficacia y eficiencia en la persecución de maleantes era asombrosa..., hasta que se metió con ciertos politiquillos molestos por sus insidiosas investigaciones que desvelaban sus trapicheos y por su extemporáneo apego en limpiar los crímenes contra la humanidad, se cometieran donde se cometieran, aquí o en Pernambuco.
Por favor, personalmente yo pido a gritos, de veras quiero más jueces "estrella", dénme más jueces vanidosos, y dejen ya tranquilo al ambicioso Baltasar Garzón. Los honestos dormirán más tranquilos, nuestras calles seguirán más seguras y limpias.
