Empezaré diciendo que a pocos metros de donde escribo, desde mi ventana veo a unos agentes locales de Barcelona sacando brillo a su casi vacío bloc de multas. Se trata de un señor que manipula una grúa para mudanzas, saca sus permisos pero parece que uno de los sellos no convence al señor agente. Sanción, calladito y para casa, no vaya a ser que aún te meta un buen purito. El autónomo tendrá que trabajar dos jornadas más para recuperarse del exacerbado celo del vigía. Total, sólo trabajaba sin molestar a nadie.
La calle se está tornando un lugar hostil para cualquiera. Las administraciones, desconcertadas por la falta de recursos, exprimen hasta lo inhumano sus posibilidades recaudatorias y no dudan en lanzar a sus vigías a exprimir a multas ante cualquier atisbo de conducta remotamente irregular. Me van a perdonar, pero esto sucede, y lo digo con cierto dolor, especialmente entre los cargos que se autoproclaman progresistas. David me explica que cerca de su casa, su ayuntamiento se dejó medio presupuesto anual en un parking -favorecer la movilidad urbana y otras tantas milongas que ya no convencen a nadie...-, y al objeto de provocar la compra de plazas entre los vecinos, pintó de amarillo todas las plazas de aparcamiento de la calle a un kilómetro a la redonda. Entre que se enteran y no, los vecinos se dejaron otra morterada en multas, una nueva forma de coacción pública a mi modo de ver injusta y hasta medieval.
La moda de prohibir y sancionar -en lugar de promover, imaginar y crear- se incrementa de forma directamente proporcional al desconcierto y la ineficacia de la administración considerada ante el reto de la crisis y la falta de recursos. La Señora Mayol, tenienta alcalde y regidora de medio ambiente en Barcelona, increpa ahora a sus conciudadanos proponiendo retirar todos los vehículos que tengan más de diez años. Asegura que es por la contaminación; y un cuerno, añado yo. Afortunadamente, su extravagante proposición, poco solidaria con los menos favorecidos que se supone que la votan, no creo que vaya a ningún lado, pero cuando el río suena... De conseguirlo algún desdichado día, la de conductores y trabajadores que pasarán a la clandestinidad y a ser de paso pasto de más y más multas serán legión.
Así funciona esto que llamamos democracia. Me lo dijo mi hermano Jua Ra, hace ya algún tiempo, que esto se está convirtiendo en un "estado policial". En un principio lo consideré un juicio exagerado, pero a medida que avanza el tiempo, más me doy cuenta de la razón que tiene. La feliz ocurrencia de los 80 k/h., que fue retirada y sustituida por velocidad variable en carreteras aledañas a Barcelona, se llevó cientos de miles de euros de incautos que ni se llegaron a enterar las primeras semanas de la nueva prohibición. Hace poco también me hablaron en Barcelona de un nuevo impuesto que desde el Ayuntamiento se pasaba al cobro por no se sabe qué residuos. Parece que a pesar de que estaba en vigor, no se pasaba al cobro y nadie lo sabía, así que el Ayuntamiento de una tacada cobró los cinco años que le permitió la ley. A mi amigo le soplaron casi dos mil euros, y calladito. El gobierno central por su parte aprovecha la fiebre y rebaja el límite a los ciento diez..., ¡y un cuerno que lo hagan para evitar accidentes! Ya no fumamos, ya no bebemos, no corremos, no...
El asunto da miedo porque si piensas que si esto lo hace la Administración, que en teoría debería proteger los intereses de los ciudadanos, ¿cómo no la va a hacer las compañías de suministros luz, agua, teléfonos, gasoleos, adsl, etc .? Ellos siguen a lo suyo, a subir precios, peajes, tasas e impuestos a pesar de la crisis con las excusas más risibles y peregrinas que uno pueda imaginar -luego, los cínicos se quejan de que el consumo afloja-. Pero vienen los resultados de los balances trimestrales y los beneficios de estas grandes compañias siguen engordando (y otro cuerno, tampoco me creo que esos beneficios provengan de sus negocios en el exterior).
(P.S.: de los bancos no me olvido, no. Lo dejó para otro día)
Ddicado a Inma Salmons
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