PRESUNTO INOCENTE

      Ayer por la mañana concecté la radio en el coche -RAC1-, de camino al trabajo, y escuché a un tertuliano, doctorado en Harvard -poca broma-, afirmar lo siguiente: "la presunción de inocencia en España es poco más que un chiste". Palabras quizá algo gruesas, no digo que no, pero con las que estoy bastante de acuerdo, tengo que admitir. La presunción de inocencia (artículo 24 CE) es seguramente el derecho más invocado en los tribunales de este país, sobre todo penales, y objeto, sin duda, del mayor repertorio de jurisprudencia que se conozca, por encima de cualquier otro derecho. A estas alturas cualquiera puede recordar que dicho principio establece que todo ciudadano es inocente mientras que, a través de un proceso penal arbitrado con las debidas garantías, no se demuestre otra cosa. Solo y nada más que después de un juicio justo se le declarara culpable -o no- y en ese caso se le aplicará una sanción o una pena. Se trata pues de un derecho fundamental, igualmente incurso en la nómina de los principales derechos humanos (artículo 11 Declaración Universal de los Derechos Humanos).

        Pero es cierto que cada vez más a menudo dicho principio es absolutamente mancillado cuando a través de las notas de prensa o de cualquier otro medio de comunicación, se relata determinada situación judicial de una persona, de forma negativa y tendenciosa, y como modo de excusa más absolutoria para el narrador que para el afectado, se coloca el consabido"presuntamente". En este país, qué triste, sigue sonando con más fuerza el viejo adagio del "cuando el río suena..." que la mismísima y consggrada constitucionalmente presunción de inocencia. Son los prejuicios y los juicios paralelos, más ominosos y duros para el afectado, que incluso el propio proceso penal.

        Lo diré sin ambages ni paños calientes. Sencillamente, y dejando de lado el fondo de la cuestión -si toca, en su momento hablaré de ello-,  no me ha gustado en absoluto cómo la Casa Real se ha desquitado del ciudadano Iñaki Urdangarín -por mucho que ya sepa del asunto-, desterrándole de su entorno, no ya como medida precautoria, sino con la indisimulada acusación de "no mostrar una conducta ejemplar". Me parece una actitud completamente reprobable, primero, anticiparse al juicio penal (debemos recordar que al dìa de hoy, el Sr. Urdangarín todavía no ha sido ni tan siquiera imputado por ninguna conducta delictiva) con una acusación tan grave para la honorabilidad de una persona, y en segundo lugar, es igualmente censurable ese durísimo "escarnio público" al que se le somete, redoblando de forma inmisericorde una conducta que todavía está por descibirse. Si la Corona desea seguir ostentando la más alta magistratura del Estado por mucho tiempo, considero respetuosamente y con modestia que debería mostrarse todavía más escrupolosa con los derechos fundamentales de los ciudadanos. A lo mejor, quién sabe, debería pensar menos en sí misma y un poco más en aquello que representa.